Ya en terapia intensiva, el esfuerzo que realiza el gobierno federal estadounidense para limitar severamente el marketing de ciertos alimentos a los niños parece estar casi extinto.
En un reciente testimonio ante el Congreso, el chairman de la Federal Trade Commission Jon Leibowitz dijo que “probablemente sea el tiempo de abandonar” el esfuerzo, que los anunciantes de comidas han calificado como “draconiano”. Leibowitz fue aun más claro la semana pasada, al decir en una carta dirigida a The Wall Street Journal que “la comisión no apoya la legislación que limita la publicidad de alimentos a los chicos”.
Según el funcionario, no se trata de una nueva posición. “Yo nunca he pedido, ni siquiera he insinuado apoyo para una acción del Congreso sobre publicidad de alimentos para niños, ni tampoco lo han hecho mis colegas del partido”, escribió. El órgano del gobierno, llamado Interagency Working Group, fue siempre dirigido a crear “líneas de acción voluntarias”. Aunque serían “voluntarias”, ellas permitirían que se publiciten a los niños sólo alimentos de bajo contenido en sodio, grasa y azúcar.
Los líderes de la industria han calificado a la propuesta como “una regulación subrepticia”. El temor es que el gobierno usara sus otras palancas de poder para castigar a los fabricantes que no se ajusten a los estándares voluntarios.
Los anunciantes dieron la bienvenida a la declaración de Leibowitz de que la comisión “no apoya a la legislación”.
“El chairman Leibowitz ha hecho algunas declaraciones similares… pero pensamos que esta es la más definitiva y pública que hizo”, dijo Dan Jaffe, vicepresidente ejecutivo de relaciones gubernamentales de la Association of National Advertisers, en un e-mail dirigido a Ad Age.
Susan Linn, directora del Center for a Commercial-Free Childhood, calificó al movimiento como preocupante. “A menos que regulemos el marketing de los alimentos a los niños, nunca vamos a resolver la crisis de obesidad”, dijo.
El Interagency Working Group incluye a la FTC, la Food and Drug Administration, el Agriculture Department y los Centers for Disease Control and Prevention. El esfuerzo ha sido entorpecido por el lenguaje en un proyecto de ley aprobado por el Congreso, que requería un análisis de costo-beneficio para determinar cuántos puestos de trabajo en la industria de la alimentación y el marketing relacionado se perderían a raíz de la líneas de acción.
Fuente: http://www.adlatina.com/
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